... A continuacion, un planteamiento, una idea... de como podriamos encaminar a Chile ... por las vias que conducen al desarrollo. Pero con esto nos referimos a un desarrollo entendido en toda su grandeza, y no como lo ha entendido por varios años la concetación.
¿existen posibilidades de que Chile sea un país desarrollado en corto plazo? ante esta pregunta, consideremos lo siguente:
La economía chilena, ha sido siempre de extracción y de exportación. En un principio, los españoles no encontraron riquezas visibles en esté, pero con el tiempo se desarrollaron distintas potencialidades. Así, en un comienzo, Chile exporto su oro a España, más tarde ganado y trigo al Perú, posteriormente comenzó comercialización de guano y salitre de la zona norte. Periodo en el cual, el país contó con la posibilidad de industrializarse, para que, producto del crecimiento sostenido se convirtiera en un país desarrollado. Pese a que producto de malas gestiones en administración de los fondos fiscales, esta posibilidad se perdió, con el paso del tiempo arribaron en el país inversiones que desarrollaron la industria de extracción del cobre. Esta industria, entre los años sesenta y setenta fue nacionalizada, además, en conjunto con diversos cambios estructurales llevados a cabo después del pronunciamiento militar, han provocado que en la actualidad, el país haya crecido enormemente y que se vea a si mismo con las mismas posibilidades que tenia hace poco más de un siglo –auge del salitre–, para desarrollar su economía.
Desarrollo económico, es un proceso de crecimiento del ingreso o producto total per cápita acompañado de cambios es la estructura de la economía, que permite el mejoramiento de ciertos indicadores de bienestar como salud, educación, distribución de la riqueza e ingreso.
Todos los países, plantean una agenda pro desarrollo, en Chile a partir del quiebre institucional de 1973, se inició un profundo proceso de cambios estructurales basado fundamentalmente en una fuerte y rápida apertura de la economía hacia el exterior junto a una privatización creciente de las actividades económicas, todo ello en el marco de un modelo económico basado en el mercado, con una mínima participación del Estado en las actividades económicas, y con un papel de facilitador y regulador de la actividad económica[1]
Esos cambios estructurales comenzaron a ser introducidos desde el mismo año 1973 y profundizados durante el año 1974. Cesaron los sindicatos y el Código de Trabajo; se despidieron miles de empleados públicos, y el empleo privado se vio afectado por la competencia externa. Paralelamente al inicio de las reformas estructurales, se aplicó un decidido programa de estabilización económica para corregir los desequilibrios macro y micro económicos derivados de la política económica y el conflicto político ocurridos durante el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), todo lo cual derivó en una fuerte caída del PIB en 19752.[2]
Con el objeto de compensar los efectos sociales de los ajustes, se inició en 1975 un Programa de Empleo de Emergencia denominado Programa de Empleo Mínimo (PEM), que como lo sugiere su nombre, más que consistir en un programa de generación de empleo productivo, consistía en la contratación directa, de parte del Estado, de trabajadores de baja calificación desocupados, para realizar obras públicas de mantenimiento y de ornato, a ingresos mínimos. El PEM llegó a incorporar casi 200,000 trabajadores por año durante la segunda mitad de los años setenta, representando un 6.7 por ciento de los ocupados. El problema del empleo aumentó sostenidamente hasta fines de la década y junto con ello se deterioró marcadamente la distribución del ingreso.
No obstante desde 1974 las autoridades económicas intentaron aplicar un ajuste con tratamiento de “shock”, el resto de la década transcurrió con profundos desequilibrios macroeconómicos y una elevada inflación. En efecto, el PEM debió ampliarse desde 133,900 beneficiados en 1979 a 190,800 en 1980. Sin haber logrado la estabilidad, la economía se sume en 1982 en una nueva profunda crisis económica, cuando el PIB cayó en 14.1 por ciento. Eso obliga al Gobierno a introducir un nuevo programa de creación directa de empleo denominado Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH). El total de trabajadores adscritos al PEM y el POJH en 1982 alcanzó la cifra de 306,500, para luego ascender aún más en 1983 a la cifra record histórica de 502,808 trabajadores[3]. Sólo a partir de la segunda mitad de los años ochenta, luego de diez años de tratamiento de shock, comienzan a sentirse los primeros síntomas de la estabilidad económica y el desempleo comienza a retroceder. Sin embargo, el PEM y el POJH se debieron mantener hasta el año 1988, cumpliéndose con ello 13 años de emergencia en materia de empleo. Los salarios, tanto mínimos como promedios sufrieron un profundo deterioro en sus poderes adquisitivos reales, retrocediendo a los niveles existentes en la década de los años sesenta, lo cual vino nuevamente a concentrar la distribución del ingreso.
Durante la década de los años noventa la economía chilena alcanzó las tasas de crecimiento económico más elevadas de su historia y las tasas de desempleo más bajas. Se logró un crecimiento económico promedio anual de 7 por ciento, lo cual permitió en 10 años duplicar el nivel de producto alcanzado en la década anterior. El desempleo abierto que había alcanzado cifras record cercanas al 30 por ciento en los ochenta, se reducía por debajo del 5 por ciento. El elevado crecimiento económico, junto a una situación de casi pleno empleo, permitió la recuperación de los salarios mínimos y promedios, por sobre lo alcanzado en los años sesenta, mejorando con ello la distribución del ingreso.
Bajo este contexto de crecimiento dinámico y estabilidad de precios, se llegó a temer enfrentar problemas de escasez de mano de obra. Por ello, se le brindó particular atención en las políticas públicas de mercado de trabajo a la capacitación. Tanto para elevar la productividad entre los trabajadores ocupados y fortalecer la competitividad internacional de la economía chilena, como para fortalecer la empleabilidad de aquellos que aún padecían de problemas de empleo.
El liderazgo de las políticas de mercado de trabajo estuvo radicado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y en particular en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Inicialmente los programas estaban orientados a mejorar el acceso de los trabajadores al mercado de trabajo, por medio de la adquisición, actualización y desarrollo de sus habilidades y conocimientos y promoviendo un funcionamiento ágil de la intermediación laboral.
Inicialmente se prestó particular atención a los trabajadores vulnerables del mercado de trabajo. Aquellos que no se beneficiaban del crecimiento económico ni de la estabilidad de precios. Enseguida se incorporaron programas para atender a nuevas modalidades de trabajo (trabajadores eventuales) y a trabajadores insertos en sectores de actividad económica declinantes o muy afectados por la modernización y apertura hacia el exterior. Se intentó llegar con las acciones de capacitación y empleo a las actividades informales, de las microempresas, como también a franjas productivas que fueron muy afectadas por la crisis asiática y sus repercusiones en Chile, como lo son las PYME.
A partir de 1999, luego de dos años de recesión económica y aumento de las cifras de desempleo, se vuelve a introducir programas de creación de empleo del estilo de los programas de emergencia aplicados en diferentes países de la región. Esta vez, con remuneraciones en torno al salario mínimo, a nivel nacional, coordinados por las Municipalidades y autoridades regionales. Hacia fines del año 2001 se realiza una evaluación y reflexión profunda sobre los programas de creación directa de empleo, financiados por el Estado, y se llega a la conclusión que era preferible promover la combinación de esfuerzos públicos y privados, dándose origen al Programa Pro Empleo, liderado por el Ministerio de Trabajo, y que pone su énfasis en el subsidio de la contratación de mano de obra en el sector privado, combinado con acciones de capacitación.
A partir del año 2002, las exportaciones chilenas aumentan en un 6.8 por ciento, además, las inversiones en dólares aumentan su valor –producto de la situación internacional: atentado torres gemelas, comienzo de lucha contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos, entre otros. –, el fisco percibe un fuerte aumento de los ingresos, a partir de las alzas pequeñas pero sostenidas del precio del cobre y del fuerte desarrollo que experimentaron distintos rubros, producto de inversión extranjera.
Según distintos economistas, en la actualidad, el entorno económico es inmejorable, Chile ha sido capas de concretar diversas alianzas comerciales, entre ellas, las más importantes con Estados Unidos, la Unión Europea y China. El precio del cobre ha alcanzado un precio promedio de US$3,50., en 2006, las exportaciones superan los US$50.000 millones y el superávit fiscal es aproximadamente de US$10.000 millones. Pese a esto, la economía chilena tiene una aparente tendencia a la desaceleración.
Eso es en cuanto a como se ha desarrollado la economía chilena desde 1973, hasta la actualidad. Pero más allá de los cambios estructurales y de cómo estos se han desarrollado a lo largo de 33 años, existe una fuerza laboral intacta al interior del país, la cual puede ser utilizada con distintos fines, desde mano de obra calificada, sin remuneración, hasta trabajadores de grandes proyectos pro crecimiento. Con esto, hacemos directa alusión, a la población penal. En Chile, la población penal es de 71.958 personas a junio de 2006, de las cuales, un 55.5 corresponde a personas condenadas al sistema cerrado[4] y un 44.5 por ciento corresponde personas condenadas en el sistema abierto[5]. Del total de los condenados por el sistema cerrado (27,878 personas), sólo un 1.5 por ciento cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado; el resto de los reos cuenta con otro tipo de beneficios, tales como Beneficios Intrapenitenciarios[6] (el 4.9% del total de la población penal bajo el sistema cerrado, hace uso de este beneficio); Libertad Condicional[7] (beneficio utilizado por un 2.2% del total de la población penal bajo el sistema cerrado), o simplemente están recluidos con privación total de libertad( corresponde a un 91.3% del total de la población penal bajo el sistema cerrado).
Por un lado la sociedad chilena debe mantener a estos individuos recluidos, y asegurarles un trato digno y buenas condiciones, esto, ya que la sociedad producto de la economía de mercado, ha provocado fuertes segregaciones sociales, lo cual es causa, en alguna medida de las situaciones protagonizadas por muchos individuos actualmente recluidos en el sistema penal. Pero desde otro punto de vista, está es una fuerza laboral intacta, la cual puede potenciar o desarrollar distintos rubros inexplorados en las actividades económicas que actualmente se llevan a cabo en el país. Así, nos encontramos frente a una gran cantidad de personas, que podrían, con la capacitación necesaria, desarrollar actividades que potencien o revitalicen la extracción de carbón, dedicarse al desarrollo de biocombustibles, además de dar inicio en Chile a industrias automotrices y/o de tecnología informática, entre otras tantas industrias de gran proyección, y que el país podría financiar con recursos del provenientes del cobre además de inversiones de privados. Independiente del rubro que se desarrolle, este debe ser, cumpliendo con la normativa medioambiental y con estándares de calidad, para así generar ganancias que estén destinadas al mejoramiento de la salud, educación, desarrollo de nuevas tecnologías y al financiamiento de materiales bélicos para las fuerzas armadas.
Pero de todos modos, seria un buen modo de encaminar a Chile hacia el tan ansiado desarrollo.
[1] Se aplicaron los principios de la actualmente denominada doctrina económica neo-liberal, en ese entonces representada en Chile por la Escuela de Chicago.
[2] El PIB cayó precipitosamente en 1975, en un 12.9 por ciento de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Chile. La inversión se contrajo en 22.8 por ciento y las importaciones en 38.7 por ciento, ese mismo año.
[3] Siendo la fuerza de trabajo chilena en 1983 de 3,706,000 trabajadores, la generación directa de empleo de parte del sector público de aquel entonces llegó a representar un 13.6 por ciento de la población económicamente activa. El número de desocupados abiertos reconocidos por las cifras oficiales del INE era de 554, 500, representando un 15 por ciento de la oferta laboral. Pese a esto, durante los años 1982-83 la tasa de desempleo efectiva bordeaba el 30 por ciento.
[4] Corresponde a todos aquellos internos privados de libertad y que pernoctan en las unidades penales, en este sistema se encuentran los detenidos, procesados (antiguo sistema penal), imputados (nuevo sistema penal) y los condenados privados de libertad.
[5] Corresponde a todos aquellos condenados que tienen medidas alternativas, se entiende por medidas alternativas, aquellas que sustituyen la pena privativa en un recinto penitenciario por una sanción que permite continuar desarrollando la vida laboral, familiar y social de la persona. Estas son: Remisión Condicional de la Pena, Reclusión nocturna y libertad vigilada.
[6] Corresponde a aquellos condenados que cuentan con beneficios tales como: salida controlada al medio libre, salida fin de semana y salida dominica. Estos beneficios, son parte del proceso de reinserción social llevado a cabo por Gendarmería de Chile.
[7] Corresponde a aquellos condenados que están haciendo uso de su libertad, y sólo cumplen con un control administrativo semanal.
